La Paz, 23 jun (ABI).- El Gobierno asumirá el pago de la multa impuesta por la justicia chilena a los nueve bolivianos detenidos y juzgados “injustamente” en ese país, los recursos serán tramitados a través de un decreto supremo, informó el viernes el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

“Esta es una responsabilidad que va a asumir el Gobierno boliviano. Para ello se está tramitando un decreto supremo que será aprobado en las próximas horas para que el Estado cumpla con la injusta multa impuesta por el juzgado chileno”, dijo a la estatal Radio Patria Nueva.

Arce desmintió enfáticamente las versiones de prensa que afirman que esa penalidad económica será pagada por los funcionarios de la Aduana.

“Hemos escuchado unas declaraciones un tanto desafortunadas de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que ha sido replicada por la prensa en sentido de que esta injusta multa de la justicia chilena, que deben pagar los nueve bolivianos detenidos, sería cancelada con aportes de funcionarios de la Aduana de forma voluntaria”, refirió la autoridad.

Según medios de comunicación locales, funcionarios de la Aduana boliviana realizan una colecta voluntaria para ayudar con el pago de la multa de 49.834 dólares que la juez chilena impuso a los nueve detenidos.

La multa tasada en 32 millones de pesos chilenos (equivalentes a 49.834 dólares) fue impuesta por la jueza Isabel Peña, por el delito de contrabando en que habrían incurrido los bolivianos al ingresar a territorio chileno con dos vehículos oficiales que son herramientas de trabajo de control fronterizo.

Arce argumentó que esta imposición económica a ser asumida por el Gobierno se debe a que los nueve funcionarios bolivianos estaban actuando contra el contrabando en representación del Estado boliviano y fueron “injustamente” detenidos y condenados por el Gobierno chileno.

Ratificó que esa sentencia será denunciada ante los organismos internacionales.

“Por lo tanto, queremos desmentir de manera oficial que se haya pedido alguna colecta o se haya pedido aportes a funcionarios para pagar una obligación para lograr tenerlos de vuelta en el país a nuestros compatriotas”, recalcó.